EL ALBA
NOTICIAS.COM, SANTO DOMINGO.- “Por casi una década, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha posicionado a la igualdad como fundamento
del desarrollo. Hoy constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la
construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que
otorguen a sus ciudadanos y ciudadanas acceso a sistemas integrales y
universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y
educación de calidad, vivienda y transporte. El llamado es a construir pactos
sociales para la igualdad”, dijo hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del
organismo regional, durante el lanzamiento del informe Panorama Social de América Latina 2019.
La
disminución de la desigualdad de ingresos es clave para retomar la senda de
reducción de la pobreza y cumplir las metas establecidas en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 1 de la Agenda 2030.
“Es
necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la
pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar
acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”, dice la
CEPAL en el estudio presentado en conferencia de prensa hoy en Santiago de
Chile.
A su vez, la participación de los estratos de
ingresos medios (divididos en medios-bajos, medios-intermedios y medios-altos)
creció del 26,9% al 41,1%. De esta forma, el 76,8% de la población de América
Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o medios-bajos, subraya la CEPAL.
Por último, las personas pertenecientes a los estratos de ingresos altos
pasaron del 2,2% al 3,0%.
El perceptor
principal de ingresos laborales de estos estratos percibe en promedio 664
dólares mensuales, mientras que en los estratos bajos este ingreso desciende a
256 dólares. Así, el informe evidencia que una alta proporción de la población
de ingresos medios experimenta importantes déficits de inclusión social y
laboral y un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza ante
cambios provocados por el desempleo, por la caída de sus ingresos u otros
eventos catastróficos como enfermedades graves y desastres.
Siguiendo
la tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de
la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018,
mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que
aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según las proyecciones
de la CEPAL.
El alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza
entre 2014 y 2018 en el promedio regional se explica básicamente por el
incremento registrado en Brasil y Venezuela. En el resto de los países la
tendencia dominante en ese período fue hacia una disminución, debido,
principalmente, a un aumento de los ingresos laborales en los hogares de
menores recursos, pero también a transferencias públicas de los sistemas de protección
social, y privadas, como las remesas en algunos países. La pobreza afecta
mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y
afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes están
desempleados.
El estudio
de la CEPAL también señala que la desigualdad en la distribución del ingreso
-expresada en el índice de Gini con base en las encuestas de hogares- ha
continuado su tendencia a la baja (en promedio cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 en 15 países), pero a un ritmo menor que en años
recientes: mientras entre 2002 y 2014 se redujo 1,0% anual, entre 2014 y
2018 la caída fue de 0,6% por año. No obstante, si se corrige el índice de Gini
utilizando otras fuentes de información, capaces de captar mejor los ingresos del
1% más rico, se observa que la desigualdad es más elevada y la tendencia al
descenso se atenúa en comparación con la estimada solamente a partir de las
encuestas de hogares.
Por
ejemplo, en Brasil, en 2014, la participación del 1% más rico en el total del
ingreso del país alcanzaba a 9,1% de acuerdo con las encuestas de hogares,
porcentaje que se elevaba a 27,5% tomando en cuenta la información tributaria.
En Chile (dato para 2015), la participación del 1% más rico en el ingreso
total, también medida por las encuestas de hogares, alcanzaba a 7,5%,
proporción que subía a 22,6% considerando la información de los registros
tributarios y a 26,5% en el caso de la riqueza neta (activos financieros y no
financieros menos pasivos) y en Uruguay (dato para 2014) las proporciones
también aumentan: 7,3% (con encuestas de hogares), 14% (información tributaria)
y 17,5% (riqueza neta).
Por otra
parte, el Panorama Social de América Latina 2019 señala
que el gasto social del gobierno central aumentó de 10,3% a 11,3% del PIB entre
2011 y 2018, alcanzando a 52,5% del gasto público total. América del Sur tiene
el promedio de gasto público social más alto de la región (13,2% en 2018),
mientras que en Centroamérica, México y República Dominicana esa cifra es de
9,1%. En el Caribe, el gasto social promedio respecto al PIB es más alto
(12,2%), pero en 2018 volvió a niveles de 2014, con un peso equivalente a 43,2%
del gasto público total. El estudio alerta que justamente aquellos países que
enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la Agenda 2030 son los que
presentan niveles más bajos de gasto social.
Finalmente,
el documento llama a atender las causas estructurales de la migración y a
reforzar la cooperación multilateral para asegurar la protección social y la
inclusión social y laboral de las personas migrantes en todas las etapas del
ciclo migratorio. Entre 2010 y 2019, el número de personas migrantes en América
Latina y el Caribe aumentó de 30 a 40,5 millones, lo que equivale a 15% del
total de migrantes a nivel mundial. Entre 2000 y 2019, la proporción de
migrantes intrarregionales aumentó de 57% a 70% del total.
Las remesas
desempeñan un papel importante en el alivio de la pobreza en varios países,
plantea el documento. En El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana,
la incidencia de la pobreza sobre el total de la población sería entre 1,5 y
2,4 puntos porcentuales más elevada si no fuera por estas transferencias de
dinero.
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