EL
ALBA NOTICIAS. BLOGSPOT. COM, SANTO DOMINGO.-El presidente de Fuerza del
Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que es su deber, el del partido que lidera
así como también de los aliados, advertir que la propuesta del gobierno
dominicano de que el diálogo se realice bajo los auspicios u organización del
Consejo Económico y Social, resulta
inapropiado.
“¿Por
qué razón resulta inapropiado? Porque conforme al artículo 251 de la
Constitución de la República, el Consejo Económico y Social se creó como órgano
consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral”, explicó
Fernández en una alocución dirigida al país.
Señaló
que de manera específica, la Carta Magna, expresa que “La concertación social
es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de
empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la
construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla
habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en
materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán
establecidos por la ley.”
Apuntó
también que esa ley, que es la 142-15, en su artículo 3, indica que: “El
Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social del
Poder Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de
carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia.”
Dijo
que ese mismo texto legal precisa la competencia del Consejo Económico y Social
al señalar que coordina sus trabajos con el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, así como con el Ministerio de Trabajo.
“Así
pues, al quedar limitada su competencia al ámbito de la concertación social,
económica y laboral, su inclusión en un diálogo de naturaleza política y
electoral, resulta inconstitucional”, enfatizó.
El
presidente de FP expresó que el Consejo Económico y Social, que el gobierno
aspira organice y conduzca el diálogo para solucionar la crisis política e
institucional ocasionada por el intento fallido de fraude electoral del pasado
16 de febrero, es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, adscrito al
Ministerio de la Presidencia y
coordinado con otros Ministerios.
“Por
lo tanto, al ser un órgano del gobierno, está también descalificado
políticamente para servir de organizador del referido dialogo nacional. Más
aún, siendo el gobierno un actor de principal importancia en la crisis
generada, carece de la legitimidad para organizar y dirigir un diálogo cuyo
propósito es, precisamente, superar la
crisis de confianza que actualmente existe con respecto al propio gobierno y a
la Junta Central Electoral”, prosiguió explicando Fernández.
Dijo
que la objeción a que sea el Consejo Económico y Social el que sirva de marco
de referencia para la conducción del diálogo nacional, se debe, no a la
oposición al mismo en sí, del cual ha sido uno de sus principales promotores,
sino al hecho del carácter inconstitucional y políticamente ilegitimo el que lo
realice ese órgano consultivo del Estado.
“Aceptar
participar en un diálogo cuyo organizador carece de las facultades
constitucionales para hacerlo, y carezca de legitimidad política para
impulsarlo, sería contrario al fortalecimiento del estado social y democrático
de derecho al que aspiramos; y una nueva estocada institucional a la democracia
dominicana”, manifestó.
Señaló
que no es su deseo impugnar las cualidades de honorabilidad y de capacidad de
las personalidades integrantes de dicho Consejo Económico y Social, que está
consciente podrían hacer una importante contribución en la búsqueda de
soluciones de la actual crisis que nos agobia.
“El
establecer la inconstitucionalidad del referido órgano consultivo del Poder
Ejecutivo para ser el centro de gravitación del diálogo nacional, no constituye
una mero acto de formalidad legal. Se trata, más bien, de que bajo cualquier
circunstancia y condiciones, resulta imprescindible respetar y hacer respetar
nuestra Constitución”, dijo.
Sugiere
jóvenes se manifestaron tengan un espacio en el diálogo
Señaló
que es criterio de la Fuerza del Pueblo (FP) y de los partidos aliados, de que
habiendo desempeñado la juventud dominicana, un rol democrático trascendental
en las recientes jornadas de defensa de nuestra institucionalidad, debe
reservársele un papel igualmente relevante en la mesa de negociaciones.
Apuntó
que el gobierno no debe empecinarse en desempeñar un rol de mediación, a través
de sus instituciones, en el diálogo tan anhelado en estos momentos por el
pueblo dominicano, sino que debe, simplemente, limitarse a asumir su rol de
parte en el proceso, como todos los demás.
Llamó
a que en lugar de generar obstáculos y dilaciones para su realización, se
contribuya de manera franca y sincera a su culminación exitosa en beneficio de
todo el pueblo dominicano.
A
raíz del fracaso de los comicios municipales propuso el diálogo
Recordó
que esta propuesta de diálogo surgió tras la suspensión de las elecciones
municipales del 16 de febrero que causaron consternación e indignación en la
población dominicana, reinando un espíritu de desconfianza y de enojo frente al
gobierno y las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE).
“Frente
a esa situación, en nuestra calidad de presidente de la FP, nos dirigimos al
país ese mismo día, con la finalidad de proponer un diálogo, que sobre la base
de la participación de diversos sectores de la vida nacional, construyese un
consenso que permitiese la búsqueda de una solución pacífica, democrática e
incluyente a la crisis institucional generada por la suspensión del proceso
comicial”, manifestó Fernández.
Dijo
que sectores de gran influencia y representatividad del mundo político,
empresarial, religioso y de la sociedad civil, se incorporaron también a estos
esfuerzos, produciéndose encuentros, consultas y hasta acuerdos preliminares
para proceder en la dirección del diálogo.
Apuntó
que esa agenda se concentraba en tres puntos esenciales: La conformación de una
comisión de acompañamiento a la JCE, establecimiento de garantías electorales
para los dos próximos procesos, y establecer las responsabilidades de lugar a
propósito de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero.
Expresó
que todos los sectores estuvieron de acuerdo con los puntos y se consideraron
distintas instituciones y personalidades,
entre las cuales se encontraban el CONEP, en representación del sector
empresarial; la Conferencia del Episcopado, por la Iglesia Católica; un
representante de la Iglesia Evangélica;
Participación Ciudadana, por la sociedad civil; y una destacada figura nacional.
Como
acompañantes internacionales, manifestó que se estimó procedente la
participación de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, sugerencias que fueron vistas con
beneplácito por parte de los actores involucrados en la creación de un clima
propicio para la celebración de este gran diálogo, pero que esto se ha visto
obstruido por el gobierno, ya que su propuesta promovía la participación de
actores estrechamente vinculados a la esfera oficial.
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