Home » Actualidad, Internacionales, Portada » Nueva York demanda a diócesis de Búfalo por no proteger a menores de abusos
EL ALBA NOTICIAS. COM, NUEVA YORK. - La Fiscalía de Nueva York ha demandó este lunes a la diócesis católica de Búfalo y a varios de sus responsables por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los menores de los "abusos sexuales descontrolados" cometidos por al menos 25 clérigos.
La fiscal
general de Nueva York, Letitia James, presentó hoy una demanda contra la
diócesis católica romana de Búfalo y sus antiguos altos responsables "por
no haber seguido las políticas y procedimientos obligatorios que habrían
ayudado a prevenir los abusos sexuales descontrolados de menores por parte de
sacerdotes dentro de la Iglesia Católica", aseguró un comunicado difundido
hoy.
La Fiscalía
señala, en concreto, al obispo emérito Richard Malone y al antiguo obispo
auxiliar Edward M. Grosz.
El
comunicado sostiene que tras dos años de investigaciones se ha concluido que
las "acusaciones de conducta sexual inapropiada contra sacerdotes" de
dicha institución religiosa "fueron investigadas inadecuadamente, si es
que se investigaron, y fueron encubiertas por años"., tomada de El Nuevo
Diario y EFE.
"Aunque
los líderes de la diócesis encontraron creíbles las quejas de abuso sexual,
protegieron a los sacerdotes acusados de que se hicieran públicas, los
consideraron 'inasignables' y les permitieron retirarse o tomar una supuesta
ausencia por razones médicas, en lugar de ser remitidos al Vaticano para su
posible destitución del sacerdocio", subraya el escrito difundido por la
Fiscalía.
Para James,
"cuando se rompe la confianza con los líderes espirituales, se puede
producir una crisis de fe. Durante años, la diócesis de Búfalo y sus dirigentes
fallaron en proteger a los niños de los abusos sexuales".
"En su
lugar, eligieron proteger a los mismos sacerdotes que fueron creíblemente
acusados de estos actos atroces. Las personas que son víctimas de abuso merecen
que se investiguen y se determinen sus reclamaciones de manera oportuna, y la
diócesis de Búfalo se negó a darles esa oportunidad", concluye la fiscal
general de Nueva York.
UNOS
CÓDIGOS NO CUMPLIDOS
El
comunicado remitido por James recoge que tras saltar en 2002 el escándalo de
los abusos sexuales de menores en el seno de las instituciones de la Iglesia
Católica, la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos "adoptó
políticas y procedimientos específicos que exigían a las diócesis realizar
investigaciones adecuadas y tomar medidas rápidas e inmediatas sobre esas
investigaciones".
Sin
embargo, la investigación de los fiscales desveló que Malone y Grosz, a pesar
de que votaron a favor de la adopción de dichas políticas y de que anunciaron
públicamente su seguimiento, "se negaron a tomar medidas sustantivas
cuando se enfrentaron a denuncias de abuso sexual dentro de la Diócesis",
que recientemente ha admitido que "encontró acusaciones fundadas de conducta
sexual impropia contra 78 sacerdotes".
Según la
Fiscalía, la denuncia que han presentado ante los tribunales da fe de los
supuestos actos ilícitos "mediante un examen detallado de los historiales
de 25 sacerdotes de la diócesis que fueron acusados de abuso", y asegura
que "después de extensas demoras", la mayoría de ellos fueron
"expulsados del ministerio, pero no fueron remitidos oportunamente al
Vaticano para un juicio y la posible expulsión del sacerdocio".
El escrito
suscrito por James asegura que busca exigir que se cumplan los procedimientos
para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares y que se nombre un auditor
independiente para supervisar y revisar dicho cumplimiento.
Asimismo,
la fiscal general ha presentado una moción para que se hagan públicos los
nombres de los 25 sacerdotes supuestamente implicados en los abusos así como
las acusaciones contra ellos.
El pasado
febrero, la diócesis católica de Búfalo se declaró en bancarrota ante la
incapacidad de afrontar 250 demandas presentadas por supuestos abusos sexuales
y con el objetivo de no suspender su actividad.
En un
comunicado difundido entonces, la diócesis aseguró que se había acogido al
capítulo 11 del código de bancarrota para poder "reorganizase" y
"con el objetivo principal de permitir las resoluciones financieras para
el mayor número de personas que ha presentado reclamaciones bajo la Ley de
Víctimas Menores".
De acuerdo
con esta legislación, que entró en vigor en el estado de Nueva York el pasado
14 de agosto, se abrió una ventana legal de un año para que todas las personas
víctimas de abusos sexuales durante su infancia pudieran abrir procesos
judiciales sin importar los años transcurridos desde el delito.
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